El fiscal federal Sebastián Basso presentó un dictamen de 200 páginas pidiendo el procesamiento de nueve líderes iraníes y libaneses por el atentado a la AMIA, en el juzgado subrogante de Daniel Rafecas.
Entre los acusados figuran Ali Akbar Belayati, canciller iraní en 1993 cuando se decidió el ataque en una reunión del Comité Bihet presidida por Ali Asgar Hedasi, además de Alif Al-Ajian, Mohsen Rezai, Ahmad Bajidi y el abatido Ali Aqsa Ejasi, colaborador cercano de Jamenei y parte del Comité VIGED que eligió la AMIA como blanco.
Se solicita circular roja de Interpol para Ejasi, sumándose a las existentes para los iraníes, todos radicados en Irán con pasaportes diplomáticos; la investigación sigue la línea de fiscales previos como Nisman.
La causa avanza hacia un juicio en ausencia pese a recursos de la Defensoría Oficial y la Defensoría General de la Nación, que representan a los acusados desde el Estado argentino, con apelaciones probables a Casación y vacancia en la Corte.