El fiscal Diego Velasco reclamó el inicio del juicio oral y público en la causa Otesur, por lavado de dinero proveniente de corrupción en alquileres de plazas hoteleras y casas a empresas de Lázaro Báez.
La causa, iniciada en 2014 tras denuncia de Elisa Carrió en 2008, involucra a Cristina Fernández de Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López; tuvo sobreseimiento en 2021 revocado por Casación en 2023 y ratificado por la Corte en 2024, pero aún sin juicio tras 12 años.
Los periodistas detallan maniobras como hoteles vacíos facturados a obra pública, habitaciones reservadas sin vuelos de Aerolíneas Argentinas, compras mínimas de medialunas pese a supuesta ocupación plena, y obradores lejanos a los hoteles, todo para lavar fondos de retornos en obras viales.
Se describe como la "segunda parte" de la causa Vialidad, uniendo hoteles y casas en esquema de corrupción donde plata pública se devolvía vía concesiones y casinos.
La cronología muestra demoras típicas en causas de corrupción, promediando 12-15 años, con el tribunal actual listo para juzgar tras idas y vueltas judiciales.