La nueva ley de reforma laboral incluye un inciso que excluye a los presos de las condiciones de contrato laboral, eliminando el pago de aguinaldos y vacaciones que recibían por fallos judiciales previos.
Este beneficio surgió de fallos de casación en 2014 que el kirchnerismo no apeló, con ALAC como Ministro de Justicia y Julián Álvarez como Secretario, manteniendo así pagos estatales a internos.
El gobierno busca modificar esto definitivamente mediante la reforma para evitar judicializaciones, cambiando el esquema vigente donde el Estado pagaba estos derechos a presos.