La CGT inició una presentación judicial para declarar la inconstitucionalidad de la reforma laboral aprobada por el gobierno, adelantándose a su promulgación en el Boletín Oficial.
El gremio eligió presentar la acción en los fueros contencioso administrativo federal y laboral de la Capital, denunciando que la ley implica una quita de derechos laborales y viola el artículo 14 de la Constitución Nacional y convenios de la OIT con rango constitucional.
La medida responde a presiones sobre jueces laborales por cambios jurisdiccionales y busca frenar lo que CGT califica de "anticonstitucional" antes de la apertura de sesiones ordinarias. El gobierno aún no promulgó la ley, pese a su sanción automática a los ocho días.
Periodistas destacan la celeridad opositora frente a la demora oficial, especulando que evitan publicarla por esta impugnación.