La Inspección General de Justicia (IGJ), dirigida por Daniel Vítolo, rechazó la mudanza de la AFA a un baldío en Pilar al verificar que no existe sede real allí, con dirección inconsistente en vereda de impares y trabajos recientes de albañilería que no corresponden a una institución oficial.
La AFA arrastra graves irregularidades como inscripciones pendientes de comisiones directivas anteriores, reforma de estatutos sin aprobación, observaciones en balances de ocho años y falta de entrega de documentación. Vítolo criticó el paro de fútbol como inexplicable, recordando que solo hubo uno en 1948 durante el gobierno de Perón, y defendió la indagatoria judicial como el mejor derecho de defensa para los dirigentes.
Los clubes alegan que el gobierno busca privatizar el fútbol vía sociedades anónimas, pero Vítolo desmintió que exista ley obligatoria al respecto; el decreto 70/2023 de Javier Milei solo permite su participación opcional en la ley de deporte 26.655 para rugby, hockey y fútbol.
Respecto a los veedores solicitados para la AFA, el expediente está en el Ministerio de Justicia sin plazo fijo; la Dirección de Asuntos Jurídicos dictaminará rápidamente si designarlos, evaluando la gravedad de la situación, y el ministro decidirá pronto sin demoras excesivas.