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IGJ rechaza mudanza AFA a baldío Pilar por universidad falsa

Tensión: discusión (40°) Sesgo: crítico (-60) Eje político: Centro Derecha

La Inspección General de Justicia (IGJ), a cargo de Daniel Vítolo, rechazó la mudanza de la AFA a un baldío en Pilar porque los inspectores verificaron que no existe sede real allí, con dirección inconsistente en vereda de impares y trabajos recientes de albañiles que no corresponden a una institución oficial.

La AFA acumula graves irregularidades: pendientes inscripciones de comisiones directivas anteriores, reforma de estatutos, observaciones en balances de ocho años y falta entrega del balance 2024-25. Además, crearon la Universidad de la AFA, falsa según el Ministerio de Capital Humano que prohibió su publicidad por carecer de autorización Coneau y directivos no habilitados, pese a que el objeto social de la AFA se limita estrictamente al fútbol y organización de torneos, sin mención a educación.

En paralelo persiste la causa por la mansión de Pilar de 17 millones de dólares con sospecha de lavado: dos jueces se excusaron (Daniel Petrone por lazo familiar con investigado Javier Farón, y Carlos Maíquez por sobrecarga), mientras el fiscal pide traslado del juez Adrián González Charbay a Penal Económico con Aguinsky. Tapia debe declarar el jueves por retención indebida de tributos junto a Tobillino, Malaspina y Blanco.

Vítolo solicitó veedores al Ministerio de Justicia para revisar documentación; si hallan balances falsos o gastos ajenos al objeto social, avanzarán con medidas administrativas y denuncias penales. Los clubes no son dueños de la AFA, sino asociados, y los fondos deben reinvertirse en la institución.

Durante la charla, reportero Pablo Cecchini informó desde AFA que dirigentes confirmaron el paro este fin de semana, reprogramando la fecha 9 al 3 de mayo, con ausencias de River y Estudiantes. El panel calificó inexplicable el paro único desde 1948, aclarando que la indagatoria es garantía de defensa y el decreto 70/2023 de Milei permite SAD opcionales sin obligatoriedad ni privatización.