El fiscal Carlos Stornelli denunció al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y a la senadora Florencia López por declaraciones que afectan el orden constitucional, encuadrándolas en delitos como instigación a delinquir, intimidación pública, incitación a violencia colectiva, apología del crimen y amenaza de sedición.
Quintela no se retractó de sus dichos, donde sugirió a gobernadores y dirigentes sindicales preparar "sacrificios" similares a los 39 muertos de 2001, evocando rupturas institucionales pasadas como escapes en helicóptero.
El panel concluyó que respetar el orden constitucional equivale a respetar el voto popular, un delito imprescriptible según la Constitución, y celebró la intervención judicial para que las palabras políticas no queden impunes.
Recordaron casos previos en el gobierno de Alberto Fernández donde sectores radicalizados resistían el fin de mandato, subrayando que tales actitudes generan heridas institucionales profundas.
Finalizaron exigiendo responsabilidad a quienes incitan desde el poder y deseando que la justicia actúe si no hay arrepentimiento.