El juez de menores Elvio Ramos explicó las falencias del sistema actual tras el caso del adolescente Alejo, abatido a los 14 años en un tiroteo policial en Monte Chingolo. Insistió en que la justicia actúa sobre hechos consumados y reclamó políticas de prevención del Estado provincial junto con mayor responsabilidad de los padres, que deben pedir ayuda ante hijos descontrolados.
Ramos contó su experiencia con la banda de menores chorros que robaba camionetas: de siete integrantes, cuatro eran inimputables. Les advirtió sobre el riesgo de prisión perpetua, pero tres se fugaron; el de 13 años, con múltiples robos previos y padres presos, cambió al mudarse a Quilmes con una tía que lo contuvo.
Ante la nueva ley de imputabilidad desde los 14 años, el juez gana facultades para imponer medidas protectoras como internación en hogares idóneos si la familia falla, coordinando con organismos estatales. Anteriormente, dependía del fiscal en Buenos Aires.
Comparó con Estados Unidos, donde un niño de 8 años esposado por delito recibe atención posterior y padres enfrentan sanciones severas, incluso cárcel, ante hogares desestructurados por drogas o pobreza similares a los argentinos.
Celebró un 99% de éxito en suspensiones de juicio a prueba para robos simples, con tareas comunitarias en iglesias que evitan reincidencia al cumplir 18 años. El panel leyó mensajes del público pidiendo responsabilidad parental y penas duras.