El senador Juan Carlos Pagoto cerró su intervención criticando la hipocresía política en el régimen penal juvenil y llamando a aprobar la ley por unanimidad para mirar hacia adelante.
La senadora Natalia Gada de Santa Cruz apoyó el proyecto como mujer y mamá, argumentando que un chico de 14 años que roba o mata no nace delincuente sino por ausencia del Estado, y que bajar la edad de imputabilidad da herramientas a la justicia para intervenir en delitos graves.
El senador Gerardo Zamora de Santiago del Estero cuestionó el proyecto como el más polémico del paquete oficial, señalando que no solo trata la baja de edad de imputabilidad sino una reforma integral que deroga la ley 22.278, pero invade competencias provinciales no delegadas, violando el federalismo y naciendo como una ley muerta.
Zamora destacó avances provinciales desde hace 20 años en línea con pactos internacionales y la Constitución del 94, criticando la falta de consenso con juristas y provincias, y atribuyendo la urgencia a un populismo punitivo que usa la seguridad como instrumento político, citando a Norberto Bobbio y al Papa Francisco.
En su provincia, Santiago del Estero aprobó en 2022 una ley de procedimiento penal juvenil acorde a la Convención de los Derechos del Niño y normas ONU, y recibió premios por centros de atención a menores en conflicto con la ley penal, contrastando con el centralismo de la propuesta nacional.