El senador Juan Carlos Pagoto criticó duramente la hipocresía política en el debate sobre el régimen penal juvenil, recordando que en 1974 ya se planteaban problemas idénticos en La Rioja con la funcionaria Teresita Quintel, hermana del gobernador, quien advertía sobre menores delincuentes expulsados de casa y usados para delinquir.
Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, los operativos en villas como Fuerte Apache, liderados por la ministra de Seguridad Nilda Garré, fracasaron porque menores atacaban con botellas convertidas en armas y eran liberados inmediatamente, como en el caso de un gendarme asesinado con escopeta casera que tardaron cuatro días en entregar su cuerpo mientras las asesinas salían impunes.
Pagoto denunció el fracaso de políticas anteriores basadas en determinismo social, la amplificación mediática de delitos juveniles que incentiva a más menores, el mal ejemplo de cárceles como la del Chaco destacada en congresos latinoamericanos, y la hipocresía social al tratar adictos como víctimas de traficantes; exigió acabar con la impunidad vía esta ley que reemplaza el patronato ineficaz y la ley Videla, recomendando el libro de Elías Neuman.
La senadora Carolina Lozada había exigido justicia por víctimas como Kim, Ezequiel Atauche respaldó el proyecto contra reclutamiento de menores, y afuera del Congreso hubo tensiones con policía y manifestantes; Natalia Gada apoyó como mamá destacando ausencia estatal que genera delincuentes, mientras Gerardo Zamora admitió necesidad de modernizar el régimen penal juvenil aunque sea el proyecto más cuestionado.
Pagoto convocó a mirar al futuro, cumplir la Convención de los Derechos del Niño y aprobar por unanimidad, reconociendo errores pasados para terminar con la miopía social ante menores delincuentes.