La nueva ley de responsabilidad penal juvenil aplica penas de hasta 15 años de prisión a adolescentes desde los 14 años, reemplazando el antiguo régimen tutelar por un sistema punitivo que incluye delitos dolosos e imprudentes.
El experto Alfredo Oliván explicó que los menores no irán a cárceles de adultos sino a institutos especializados, aunque criticó la falta de tratamiento efectivo y la insuficiencia de estas instalaciones actuales, que son un desastre y empeoran a los chicos.
Los panelistas debatieron la necesidad de prevención sobre la mera sanción, destacando que el 2% de delitos son por menores mientras el 98% lo cometen adultos, y que sin garantizar derechos desde la infancia ni combatir el narcotráfico que usa a los chicos como soldaditos, la ley no soluciona el problema.
Se enfatizó la responsabilidad parental económica, pero se cuestionó la aplicación práctica ante la crisis carcelaria y la ausencia de fondos inmediatos para nuevos institutos, dejando un vacío en la prevención especial positiva.