La Universidad de Córdoba aprobó por unanimidad la emergencia salarial, presupuestaria y de becas estudiantiles en su consejo directivo, ante la crisis por inflación y deterioro de salarios docentes.
Reiteraron la exigencia de cumplimiento de la Ley 27.795 de financiamiento universitario, aprobada en 2025 por el Congreso pero obstaculizada por el Gobierno Nacional, lo que compromete proyectos académicos, investigación e infraestructura.
Paula Abate, secretaria general de la Asociación, exigió implementar la ley respaldada por el Consejo Interuniversitario Nacional tras cinco meses de aprobación sin aplicación.
La insuficiencia presupuestaria limita el funcionamiento normal y pone en riesgo el acceso a la educación superior.