El Senado aprobó en general el nuevo régimen penal juvenil con 44 votos a favor, 27 negativos y 1 abstención, marcando la imputabilidad desde los 16 años y penas de hasta 15 años para delitos graves como homicidio agravado. La ley, firmada originalmente en 1980 por Jorge Rafael Videla, se votó por capítulos para agilizar el proceso.
La Presidencia de la Nación celebró inmediatamente la sanción en X, destacando que cierra cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza el marco normativo ante la realidad criminal del siglo XXI. El comunicado enfatiza que bajar la edad a 14 años es un acto de justicia, aplicando el principio de "delito de adulto, pena de adulto", priorizando la seguridad de los argentinos y la protección de las víctimas por sobre la impunidad kirchnerista.
Patricia Bullrich defendió el proyecto con alternativas para delitos menores, mientras panelistas criticaron visiones humanistas como la de Lewandowski, quien minimizó casos como el chico en pantuflas que mató a un playero. Recordaron anécdotas de una fiscal de Florida con escalas de penas automáticas por porte de arma: 5 años por tenerla, 10 por apuntar, 20 por herir, muerte por matar.
En Argentina, denuncian que los delincuentes aplican la "pena de muerte" diaria, romantizando el delito en bandas como la del millón en San Isidro, donde detuvieron al padre del jefe de 19 años. Generaciones de delincuentes crecen en impunidad, con menores de 12-15 años enfierrados desde niños.
La ley devuelve herramientas a la justicia para terminar con el caos, insistiendo en que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada.