El Congreso aprobó ayer la ley de glaciares, controvertida por ambientalistas, que transfiere a cada gobierno provincial la definición de perímetros glaciares para permitir minería en áreas externas.
Hasta ahora el gobierno nacional definía los límites; las provincias reclaman autonomía para instalar proyectos mineros y obtener rédito económico, especialmente cordilleranas.
La norma sirvió como moneda de cambio para asegurar votos de gobernadores en la reforma laboral y otras leyes.