Trabajadores de aplicaciones de reparto como Leila, del CITRAREPA, denuncian que la reforma laboral legaliza la figura del autónomo, cuando dependen totalmente de las empresas y reclaman derechos laborales plenos. Cobran apenas 50.000 pesos diarios tras jornadas de 12 a 16 horas, con 1.500 pesos por pedido que no alcanza ni para un pancho, obligándolos a dormir en la calle o volver al conurbano en el último tren.
Cecilia, de Moreno, y otros jubilados protestan porque usan plata de jubilaciones para pagar indemnizaciones, mientras Sebastián Bravo, de Casa de Moneda, relata el desguace de la planta que pasó de 1.400 a pocos trabajadores capacitados con 10-20 años de antigüedad, estigmatizados como causantes de inflación aunque ahora imprimen billetes en China y emiten el triple.
Danila, de Quilmes, expresa angustia por sus hijos y nietos, critica la desmovilización por falta de dirigentes peronistas que traicionaron votando la reforma, y cuestiona a votantes de Milei que ahora callan, pidiendo una Argentina con derechos para todos sin que nadie pase hambre.
El mega operativo policial cierra comercios en Avenida de Mayo un super viernes de jubilaciones, complica accesos a clínicas y vecinos pese a DNI, generando caos que el Gobierno usa para distraer del debate en el Senado sobre la reforma laboral.