La ministra Patricia Bullrich anuncia aprobación de ley de responsabilidad penal juvenil tras 25 años de proyectos pendientes, única modificación post-dictadura en América Latina. Permite recuperación rápida para delitos leves y consecuencias para graves como homicidios.
Garantiza partida presupuestaria para institutos especializados, aunque casos de institucionalización son pocos; mayoría recibe penas alternativas como apartamiento familiar, escolarización o tratamiento psicológico.
Cárcel solo para casos gravísimos. Defiende reforma laboral como clave para convenios por empresa y provincia, límites al 2% en cuota sindical solidaria y niega judicialización por ser ley congressional.
Rechaza frases "golpistas" de Comisión de Trabajo y CGT, que amenaza judicializar.