A siete años de la muerte de Natalia en un salón de eventos de Tigre el 23 de febrero de 2019, su familia y el abogado Yamil Castro Bianchi exigen reabrir la causa cerrada por la Justicia de San Isidro como no traumática ni homicidio, denunciando desprolijidades iniciales como copas lavadas, mochila movida y falta de empatía con las víctimas.
El letrado critica la instrucción por recusaciones a tres fiscales, falta de comunicación clara sobre la teoría del caso y pruebas pendientes, incluyendo hipótesis dolosas o culposas de suministro intencional de estupefacientes de mala calidad para causar la muerte, con cocaína encontrada en pozas nasales no aspirada completamente.
Destacan irregularidades en el análisis de sustancias y el iPad de Natalia, desbloqueado tras años pero con acceso parcial negado a la familia, vinculado a denuncias previas de pedofilia en farándula, política y periodismo que ella hizo pública en programas como el de Mirta Legrand.
La familia recurre al derecho administrativo para pedir al procurador bonaerense Julio Conte Grand que derive el expediente a otro departamento judicial, cuestionando si las denuncias de Natalia motivaron su muerte en el contexto de operaciones de inteligencia ilegal como la de Marcelo D'Alessio.
Panelistas debaten si la llevaron a propósito al salón para drogarla adrede, procesando solo al dealer menor mientras cuatro personas citaron a Natalia con pretexto de un evento.