Los panelistas condenan la escalada de Greenpeace al Congreso como un delito de violación de domicilio, comparándola con invasiones al Capitolio o Louvre, y llaman ecoterroristas a los activistas que tardaron una hora en ser desalojados.
Defienden la derogación de la ley de glaciares porque impedía actividad minera en periglaciares con estándares ambientales internacionales más exigentes que los locales, como en Australia o Canadá, y destacan los miles de empleos directos e indirectos en provincias como Salta, Catamarca y San Juan, dependientes del empleo público.
Recordaron experiencias como Minera Bajo de la Alumbrera en Catamarca y señalan preocupación por el voto de Córdoba con Alejandra Vigo, mientras el gobierno confía en aprobar la ley pese a aliados divididos: radicales mitad y mitad, Julián Abad votando en contra, y peronistas clave que votan fragmentados sin posición única del kirchnerismo.
Las empresas mineras internacionales aplican controles ambientales avanzados y generan cambio en la matriz productiva de esas provincias.