La policía mintió a un juez sobre el incidente en el Senado donde reprimió a activistas de Greenpeace, pero el juez Martínez Giorgi actuó rápido y ordenó liberar al camarógrafo agredido, ya que las imágenes desmintieron las versiones oficiales.
Panelistas destacan que la ministra Patricia Bullrich avaló la violencia institucional al justificar el hostigamiento a agentes y reculó solo cuando fue confrontada, recordando casos previos como la nena gaseada donde el periodismo desmintió sus declaraciones falsas.
El rol del periodismo fue clave para revelar agresiones como la a Pablo Aurillo, reconstruir el arma policial y exponer incidentes, mientras buscan generar autocensura con detenciones sistemáticas de fotógrafos en manifestaciones.
Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, 14 periodistas fueron detenidos, mayoritariamente camarógrafos, en un contexto de violencia institucional descontrolada por una ministra que no conduce a la policía.
Los panelistas califican estos ataques a la prensa como signos de debilidad y autoritarismo del régimen, junto con retuits presidenciales llamando terroristas a periodistas.