La fábrica ILVA despidió a sus 500 trabajadores el 29 de agosto con telegramas entregados el 2 de septiembre, sin pagar el último mes ni liquidaciones a 180 días de los despidos. Paola, representante de los operarios, reveló que 300 eran productivos y el resto jerárquicos; meses antes hubo suspensiones rotativas con mitad de la planta parada pese a ventas y llamados de clientes.
La empresa presentó un proceso preventivo de crisis rechazado tres veces por Nación y provincia por no demostrarla, pero invocó el artículo 247 para pagar solo el 50% de indemnizaciones, que tampoco abonó. Paola denunció que ILVA tenía ventas y exportaciones a mercado exclusivo, pero no quiso producir y armó una estafa laboral para deshacerse de trabajadores con 15 a 30 años de antigüedad.
El conductor vinculó el cierre al derrumbe de la construcción, con metro cuadrado por encima de 1.500 dólares, pero Paola insistió en que no justificaba los despidos sin quiebra formal. Mencionaron economista Juan Carlos de Pablo recomendando cobrar indemnizaciones y buscar trabajo, pero en ILVA y similares como FATE no pagan nada.
Intervino el diputado Santiago Pauli (La Libertad Avanza), quien atribuyó cierres a modelos de negocio obsoletos por cambios como quita de aranceles, exigiendo reconversión empresaria y cumplimiento de indemnizaciones, aunque defendió reglas de mercado.
La charla enmarcó el industricidio con 900 empresas cerradas en el último mes y 23.000 quiebras totales, dejando miles sin empleo en medio de la crisis industrial.