Alberto Levo, padre de la estudiante Paulina Levo, asesina hace 20 años en Tucumán, denuncia una estructura maléfica de encubrimiento que involucra al poder político, judicial y policial provincial. Acusa a altos funcionarios de destruir pruebas como cabellos en el cuerpo de su hija, impidiendo análisis de ADN, y a fiscales como Carlos Albaca y Edmundo Jiménez, ligado a José Alperovich, de obstruir la justicia.
Levo detalla cómo se desvirtuó la investigación desde el gobierno tucumano, liberando a 12 acusados de encubrimiento agravado, abuso de autoridad y falsos testimonios pese a sentencias firmes. Señala juicios abreviados aberrantes para homicidas y violadores, violando el Código Procesal Penal para llenar estadísticas y pagar silencios, permitiendo que causas prescriban en impunidad brutal.
Critica al gobernador tucumano por negar impunidad mientras referencia el "caso Levo" en un crimen reciente, contradiciendo la realidad de protección a asesinos. Revela pruebas ignoradas como pantalón ensangrentado de César Soto, ex pareja violenta de Paulina, quien pidió ayuda a Sergio Caliñú, tesorero del club Atlético Tucumán con nexos en la barra brava, quien hizo 170 llamadas la noche del crimen.
Levo sostiene su lucha desigual gracias a la energía de Paulina, apoyo familiar, periodistas y artistas, pese a amenazas y ataques. Anuncia concentración de víctimas a las 17 horas en Plaza Independencia para visibilizar la impunidad, exigiendo justicia para Paulina y todas las víctimas tucumanas.
Los conductores abrazan a Levo, comprometiéndose a seguir cubriendo el caso para presionar por justicia y duelo posible.