La AFA anunció que apelará judicialmente la designación de veedores por la Inspección General de Justicia (IGJ) tras mudar su domicilio legal a Pilar, Provincia de Buenos Aires, para eludir el control nacional.
Los panelistas explican que la IGJ reclama balances desde 2017 hasta 2025 por irregularidades, pero la AFA argumenta que la Provincia ya aprobó el cambio vía asamblea de socios y que la IGJ perdió competencia. Anticipan que la semana próxima los veedores intentarán ingresar a la sede de Viamonte, posiblemente con fuerza pública si se les niega el acceso.
En su comunicado, la AFA compara la situación con el caso de Patricia Bullrich en 2023, donde la justicia anuló una intervención similar de la IGJ por violación al debido proceso, y acusa al organismo de "operación política" contra el fútbol argentino.
El gobierno nacional ya tiene seleccionados a dos abogados y un contador como veedores, y amenaza con medidas drásticas si no permiten el ingreso. Los clubes respaldan a la dirigencia de Claudio Tapia, pese a investigaciones por lavado de activos que involucran a 20 equipos.
El conflicto se recrudeció tras episodios como el de Rosario Central, y podría escalar con suspensiones de torneos si la AFA judicializa todo hasta la Corte Suprema.