El gobierno de Brasil revocó el decreto que incorporaba tres hidrovías amazónicas al Programa Nacional de Privatización, frenando la concesión de más de 3.000 kilómetros de vías fluviales para exportación de granos.
La medida responde a semanas de movilizaciones indígenas y ocupación de la terminal fluvial de Cargill en Santarém, Estado de Pará, que suspendió operaciones el fin de semana.
El decreto de Luis Ignacio Lula da Silva incluía ríos Madeira, Tocantins y Tapajós; indígenas advirtieron impacto en calidad del agua, pesca y subsistencia, con protestas de más de 30 días.
Volvió atrás ante reclamos locales, especialmente del río Tapajós, fuente clave de pesca y trabajo.