En la puerta de la fábrica FATE en San Fernando, Buenos Aires, 920 trabajadores directos y miles indirectos protestan por el cierre definitivo de la planta, impulsado por importaciones chinas descontroladas y políticas económicas que favorecen la apertura. Un festival artístico visibiliza la lucha, con historias de vidas truncadas: trabajadores con 14, 15, 18 años de antigüedad relatan despidos previos de 130 compañeros en el último año y medio, hostigamiento y reducción de turnos de cuatro a dos. La empresa rompió acuerdos firmados en junio del año pasado, incluyendo cláusula de no despidos hasta julio, y no acata la conciliación obligatoria dictada por Nación y Provincia.
Entrevistados como Diego Cabrera del sector armado de cubiertas para camiones y colectivos, con 15 años en la firma, denuncian que la planta está lista para producir: máquinas encendidas, materia prima disponible tras mantenimiento hasta el martes, pero las puertas se cerraron el miércoles dejando a todos desempleados. Critican las cubiertas chinas "de papel" sin control de seguridad, que causan un efecto dominó en la industria, y piden cierre de importaciones para evitar accidentes masivos. Claudio Mora, de Ingeniería y Mantenimiento con 18 años, enfatiza la solidaridad: "Nadie se salva solo", y revela que no hay indemnizaciones pagadas pese a promesas, ni presencia patronal, mientras adeudan dos bonos de fin de año y 14 meses de paritarias.
Sebastián, con 16-17 años en mantenimiento, confirma la planta energizada y productiva, pero en incertidumbre por la conciliación incumplida. Mencionan represión pasada con balas de goma en 2008 y tres desaparecidos en la dictadura, temiendo escalada. El impacto es masivo: afecta barrio, comercios locales y familias con deudas, alquileres y changas insuficientes como Uber o delivery. Periodistas en el lugar desmienten culpas al sindicato por paros (como los de 2022 en TUDNA), atribuyendo el cierre a la apertura económica que impide cumplir contratos de exportación, reduciendo producción de 5 millones a 1,5 millones de neumáticos.
La empresa alega daños por paros que afectaron envíos, pero trabajadores insisten en que la verdadera causa es el modelo económico gubernamental, no los reclamos salariales. Rumores de venta a Aluar o conexión con otra planta en Garín suenan a "mentiras de un incumplidor serial". Exigen intervención de autoridades como el gobernador Axel Kicillof o estatización como en 2001, mientras sobreviven con donaciones y changas, rechazando soluciones precarias de los '90.