El punto más controvertido en el tratamiento en el Senado y Diputados está ligado directamente al sistema previsional, donde recibirá menos aportes por contribuciones patronales. La cuota se bajó, siendo obligatoria en el acuerdo empleado-empleador: 1% para grandes empresas y 2,5% para pymes, aunque según la situación fiscal podría ajustarse a 1,5% y 3% respectivamente. Este porcentaje se descuenta sobre el salario bruto, no neto, para garantizar el pago de una eventual desvinculación laboral.
Si no hay fondos suficientes en el FAL para la indemnización, el empleador debe resolverlo. Los fondos que no ingresen al sistema previsional, reconocido como quebrado por este y gobiernos anteriores, requerirán más recaudación por impuestos como IVA, ganancias y débitos bancarios, ya que no tiene recursos genuinos. El objetivo del gobierno es formalizar 10 millones de personas en la informalidad para cubrirlo.
Se aclara que la reducción no bajará el monto de jubilaciones, pensiones ni asignaciones familiares, ni afectará el primer haber ni la movilidad futura. El sistema depende de transferencias fiscales, y se busca equilibrarlo sin impactar negativamente a los beneficiarios.