Patricia Bullrich destaca la reforma laboral como paso clave para blanquear trabajadores y bajar cargas a nuevos empleados, criticando la precariedad y la informalidad laboral en Argentina; la ley, discutida el viernes próximo en el Senado, incluye institutos para formalizar empleo pese a debates limitados sobre sus impactos.
Damián de Ipache analiza aportes sindicales obligatorios descontados del salario: un informe de Saintry revela cifras anuales como 700 dólares en transporte o más en otros gremios, ajustándose con paritarias y fortaleciendo cúpulas sindicales alejadas de la realidad obrera; se mantiene en la reforma, generando molestia entre trabajadores que ven sacrificios en su bolsillo para ingresos asegurados de dirigentes.
La CGT se retiró temprano de marchas sin modificar cuotas, con internas gremiales y participación limitada de sindicatos; paralelismo con el régimen penal juvenil, donde se legisla lo que se puede obtener; los aportes forzosos garantizan fondos permanentes a izquierda, beneficiando representaciones distantes de dificultades económicas de afiliados.
Se aborda la alta litigiosidad laboral: tasa de 20-25% en juicios por accidentes creció 6,4% en 2025, máxima desde 1996, con provincias como San Luis (300 casos cada 10.000 asegurados) liderando; explicada por mayor seguridad pero también por incapacidades simuladas y ausentismo alto en Argentina, el peor de la región, con 58% de empresas privadas registrando ausencias mensuales según IDESA.
La reforma busca transparentar el sistema con juntas médicas, morigerando abusos en ART y juicios, en contexto de modernización laboral que no toca privilegios sindicales.