Un compás de espera judicial de 15 días se abre en el cierre de la planta FATE, fábrica de neumáticos con 80 años de historia en Argentina, afectando a 920 familias. La empresa, propiedad de Amadés Quintanilla (también dueño de Aluar), anuncia reconversión del predio a producción de energía, impulsada por el gobierno nacional, en medio de importaciones brutales que compiten deslealmente con la producción local.
La decisión parece irreversible pese a la conciliación obligatoria, con dudas sobre intervenciones gubernamentales como modificaciones en aranceles o impuestos para igualar competitividad. Se recuerda el caso Chevrolet en tiempos de Cristina Kirchner, donde se bajó impuestos y se fabricó el Ágile para evitar paralización, destacando la ciclicidad económica que podría revertir en años pero no ahora. El achicamiento viene desde fines de 2024, con despidos previos en líneas como neumáticos para tractores.
En entrevista, Diego Pastor, gerente de la Federación Argentina del Neumático, confirma que el cierre no sorprendió por el costo operativo asfixiante en Argentina versus importados sin aranceles. La apertura de importaciones fue el tiro de gracia, duplicando despidos desde 2024, impactando no solo FATE sino toda la cadena de PYMES. Acusa al gobierno de no cambiar políticas de comercio exterior pese a reuniones empresariales.
Pastor aclara que su entidad representa la comercialización post-FATE, no directamente la fábrica, pero fuentes internas confirman el proceso. Desmiente culpas a sindicatos como alega el presidente, enfatizando desigualdad competitiva. La visión es pesimista: sin ajustes, la planta no reabrirá, dejando hogares en crisis en un contexto de desempleo creciente.