El cierre de la planta FATE, con 80 años de historia, deja en la calle a 920 familias debido a importaciones descontroladas que compiten deslealmente con la producción local. La empresa, propiedad de Amadés Quintanilla (dueño también de Aluar), anuncia reconversión a producción de energía, impulsada por el gobierno, en un contexto de achicamiento industrial. Un compás de espera judicial de 15 días se abre mientras se discute el impacto en la cadena comercial, con problemas de garantía y stock de neumáticos en el mercado.
Diego Pastor, de la Federación Neumática, detalla cómo el cierre afecta a pymes comercializadoras, con una baja del 40% en actividad y precios de neumáticos locales hasta 2 millones de pesos por cuatro cubiertas, comparado con 1.400 dólares en Paraguay. Paloma Verona, economista de Misión Productiva, critica el modelo económico de Javier Milei, marcado por ajuste fiscal, paralización de obra pública y apertura comercial que favorece sectores extractivos como agro, minería y energía, sin generar empleo formal.
Se perdieron más de 180.000 puestos de trabajo registrados desde la asunción de Milei, con 22.000 empresas cerradas según estudios como el de FUNDAR. El crecimiento económico traccionado por sectores no intensivos en mano de obra no reactiva el consumo, generando un círculo vicioso de deterioro. La carga impositiva asfixiante y la falta de política industrial proteccionista agravan la situación, contrastando con modelos como el de Estados Unidos.
La discusión cuestiona por qué el gobierno mantiene apoyo pese a la degradación laboral, proponiendo un modelo productivo alternativo que integre cadenas de valor, pymes exportadoras y proveedores para generar empleo genuino. Sin planificación, el horizonte es de más cierres y menos movilidad social.