En el intenso debate sobre la reforma laboral, Agustín Laje argumenta que casi la mitad de los trabajadores argentinos están en negro debido a malas políticas, coincidiendo en la necesidad de crear empleo pero defendiendo la reforma como una reducción de costos para contratar y despedir, rompiendo el estancamiento del empleo privado desde 2000. Critica el régimen laboral actual por su fracaso de 15 años y destaca ejemplos como un restaurante que enfrenta costos prohibitivos de despido de 80 millones de pesos por un mes de trabajo, lo que genera cierre de empresas y pérdida de puestos. Laje acusa a la oposición de desinformar con miedos infundados, como el pago en especie o jornadas de 12 horas, aclarando que el tope semanal es de 48 horas con periodos de descanso obligatorios.
Rodolfo Aguiar contraataca señalando que la ley actual ya es letal, con 300.000 puestos de trabajo perdidos en dos años de Milei versus 150.000 en la pandemia, caída de la capacidad industrial al 53% y cierre de 20.123 empresas. Denuncia el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) como un robo al ANSES de 4.000 a 5.000 millones de dólares, abriendo puertas a la privatización previsional. Aguiar refuta el pago en especie, citando el artículo 34 que solo permite dinero en moneda nacional o extranjera, pero advierte que beneficia a grandes empresas con aportes menores al 1% versus 2,5% para pymes.
Sabrina Esmeyer enfatiza que la reforma da libertad al trabajador para acordar pagos en dólares, ajustándose a prácticas regionales como el trabajo remoto para el exterior, y critica la desinformación sobre afectaciones laborales. Walter Benítez añade que el pago en moneda extranjera no perjudica a pymes y que el pago en especie ya está limitado al 20% en la ley vigente. El debate escala con acusaciones de mentiras y chicanas, incluyendo un clip de trolls libertarios burlándose de derechos laborales, y Laje responde que la desinformación opositora llevó a sus derrotas electorales en 2023 y 2025.
Aguiar defiende la libertad real como llegar a fin de mes con sueldos dignos cubriendo nueve prestaciones esenciales, desde vivienda hasta esparcimiento, y repudia la violencia en protestas pero acusa infiltrados y un protocolo antimovilizaciones para controlar el espacio público. Laje cierra invocando evidencia empírica: países libres tienen solo 1-2% de pobreza extrema versus 30% en estatistas como Venezuela, promoviendo políticas pro-mercado para competitividad, mejores precios y salarios. La discusión revela tensiones profundas sobre Estado presente versus libertad económica, con llamados a no desinformar y respetar el voto popular por la reforma desde 1974.