En el debate sobre la reforma laboral, Agustín Laje argumenta que casi la mitad de los trabajadores argentinos están en negro debido a malas políticas, coincidiendo en la necesidad de crear empleo pero defendiendo la reforma como una reducción de costos para contratar y despedir, rompiendo el estancamiento del empleo privado desde 2000. Critica el régimen laboral actual por su fracaso de 15 años y destaca ejemplos como un restaurante que enfrenta costos prohibitivos de despido de 240.000 dólares por un mes de trabajo, impulsando la informalidad. Rodolfo Aguiar cuestiona la reforma por precarizar derechos, citando la ley de 1974 y la falta de regulación para plataformas digitales, mientras compara con avances en España y México que revirtieron reformas similares.
Laje responde destacando la imagen negativa de los sindicatos en Argentina, con un 80% de rechazo popular según encuestas, contrastando con la aprobación de 62 puntos de Javier Milei. Acusa a los sindicatos de no protestar contra el gobierno de Alberto Fernández pese a 211% de inflación y 57% de pobreza, pero realizar cuatro paros contra Milei que redujo inflación a 31% y pobreza a 27%. Defiende reformas pro-mercado citando pocas empresas en Argentina (12 por 100.000 habitantes) versus México (34), Chile (58) y Uruguay (61), argumentando que el régimen actual deja a la mitad de los trabajadores sin derechos.
Aguiar replica que el desprestigio sindical es generalizado como en justicia, iglesia y periodismo, y critica negociaciones del gobierno con parte del sindicalismo que quitaron artículos protegiendo sindicatos pero dejaron otros perjudiciales para trabajadores. Propone una reforma sindical con elección directa de delegados, democratización y declaración jurada de bienes para gremialistas. Sabrina Esmeyer, diputada, defiende la coherencia de su oposición inicial y aclara mitos: no se sacan derechos, no se eliminan horas extras, no se extienden jornadas más allá de 48 horas semanales con 12 horas de descanso, ni se cortan vacaciones, enfocándose en formalizar al 40% de trabajadores informales.
Esmeyer enfatiza que la reforma beneficia a PYMEs al reducir incertidumbre jurídica, como juicios por detalles menores como un celular, y cita una nota de Adrián Ravier en Infobae desmintiendo mitos. Laje critica el alarmismo opositor sobre la ley, como trabajar 12 horas por 6 días, y acusa a Aguiar de ser pro-Estado que explota al pueblo con impuestos equivalentes a 7 meses de ingresos sin brindar servicios básicos. Aguiar contraataca con datos de pérdida de 300.000 puestos registrados bajo Milei versus pandemia, cierre de 20.123 empresas, y critica el Fondo de Asistencia Laboral por desfinanciar ANSES con aportes desiguales (2,5% PYMEs vs 1% grandes), abriendo puertas a privatización previsional.
La CGT prepara un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, según nota de La Nación, con tres argumentos centrales. El debate revela tensiones sobre legitimidad sindical, impacto económico y necesidad de modernización, con Laje insistiendo en que la reforma alinea con el voto popular de 2023 y 2025 para corregir un sistema fallido desde 1974.