La Unión Europea avanza en su ley de materias primas críticas para garantizar el acceso seguro y sostenible a recursos esenciales como litio y tierras raras, cruciales para la transición ecológica y el Pacto Verde. Sin embargo, la presión de algunos países miembros resultó en la exclusión del acuerdo FPIC, que exigiría el consentimiento libre, previo e informado de los afectados por proyectos mineros. En su lugar, el texto solo obliga a consultar a residentes y pueblos originarios, lo que ha generado decepción entre activistas.
La industria minera se posiciona como indispensable para combatir el cambio climático, argumentando que sin estos recursos se seguiría dependiendo de combustibles fósiles. Críticos, sin embargo, insisten en que la minería no resuelve la crisis climática y proponen repensar el uso de recursos, promoviendo una participación democrática y un cambio social que incluya decrecimiento económico para evitar un colapso ecológico forzado por la naturaleza.
En Bruselas, negociadores celebran el acuerdo que acelera procedimientos de aprobación minera en Europa, cubriendo al menos el 10% de necesidades internas sin comprometer estándares ambientales, aunque permite minería en áreas protegidas por interés público superior. Activistas indígenas expresan enfado por la entrega de derechos a grandes empresas, exigiendo protección global para pueblos originarios cuya forma de vida sostenible es la verdadera clave contra el colapso.
En Alconchel, protestas crecen contra la minería, con residentes luchando por su territorio mientras expertos advierten sobre la necesidad de reducir desigualdades y acelerar economías de manera sostenible, rechazando la ilusión de que la tecnología sola salvará el planeta.