El acceso a materias primas es crucial para el éxito de la transformación hacia una economía sostenible y digital en la Unión Europea. El litio y las tierras raras serán pronto más importantes que el petróleo y el gas, en un giro sin precedentes impulsado por la Transición Ecológica y el Pacto Verde, que requieren recursos críticos como cobalto, bauxita, berilio, bismuto, galio, germanio e indio, muchos encontrados en Europa. Críticos cuestionan la dependencia externa y los impactos ambientales de la minería intensiva, comparando desastres como el de Brumadinho en Brasil, donde se prohibieron presas aguas arriba tras la muerte de 270 personas, con la permisividad en la UE donde balsas de lodos tóxicos podrían contaminar ríos hasta el Atlántico. En España, el colapso de la balsa de Aznalcóllar en 1998 por Boliden derramó 6 millones de metros cúbicos de lodo tóxico, matando animales y contaminando 4.000 hectáreas con metales pesados, dejando tierras inutilizables para agricultura.
El economista decrescentista Timothée Parikh denuncia el superorganismo económico que extrae 106 mil millones de toneladas de materiales al año, superando límites planetarios, con demanda de tierras raras quintuplicándose para 2030 dominada por China. La UE anuncia una ley para reducir dependencias similares al gas ruso, promoviendo minería local, reciclaje y asociaciones, pero activistas como los sami en Suecia protestan contra proyectos de LKAB y Río Tinto que amenazan su estilo de vida con minas a cielo abierto y balsas de relaves. En Extremadura, España, Atalaya Mining inicia perforaciones sin supervisión ambiental, violando permisos y la red Natura 2000, alertado por Ángel Vicente de la plataforma Salvemos el Valle del Odiel, mientras agricultores como Héctor temen escasez hídrica por el consumo minero en sequías crecientes.
El proyecto camufla extracción de oro, que genera casi 40 millones de euros en bonificaciones por metales preciosos, superando beneficios netos de 23 millones, pese a presentarse como mina de cobre y hierro. China restringe exportaciones de galio y germanio esenciales para chips, urgiendo la ley UE para evitar chantajes. Negociadores alcanzan acuerdo en la tercera ronda de noviembre 2023, impulsando minería limpia en Europa para autonomía estratégica y Pacto Verde, mientras Nicola Beer, eurodiputada, enfatiza producción y reciclaje local. Activistas como Diego y pueblos originarios exigen FPIC (consentimiento libre e informado previo) y moderación en consumo, criticando la 'minería verde' como recolonización y destacando demandas militares como los 415 kg de tierras raras en un F-35.
La cobertura resalta tensiones entre crecimiento económico obsesivo y límites planetarios, promoviendo decrescimiento, transporte público eficiente y reducción de demandas para evitar destrucción ambiental y social, con diálogos en Bruselas incluyendo voces indígenas contra la imagen 'limpia' de la transición ecológica.