Se reitera que la situación de una familia que ocupa una propiedad no es comparable a la de una persona en situación de calle que ha sido expulsada de una vivienda indigna. Se enfatiza que la usurpación es un delito y no un acto justificado por la necesidad.
Se cuestiona la lentitud de la justicia en los procesos de desalojo, que pueden durar hasta 18 años. Se menciona que, si bien existen leyes para agilizar estos procesos, la justicia a veces tarda en tomar decisiones cruciales. Se propone que el Estado debe intervenir para proteger a los menores en casos de desalojo, asegurando que no queden en la calle.