Se planteó una posible solución al problema de las usurpaciones: un impuesto a las viviendas ociosas. La recaudación de este impuesto se destinaría a ofrecer planes sociales o viviendas transitorias a los usurpadores, mientras buscan trabajo.
Sin embargo, se cuestionó la efectividad de lo "transitorio", ya que los planes sociales también deberían ser temporales. Se enfatizó la necesidad de que el Estado intervenga para dar soluciones habitacionales, pero sin que esto signifique una validación de la ocupación ilegal de propiedades privadas.
El debate giró en torno a la tensión entre el derecho a la propiedad privada y la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda, buscando un equilibrio que no fomente la "guerra entre pobres" ni la impunidad.