La corrupción y la inseguridad se han convertido en los principales flagelos que azotan al Perú, afectando a todos los niveles de la sociedad. La situación es tan crítica que incluso los expresidentes del país se han visto envueltos en escándalos de corrupción, con procesos judiciales en curso o sentencias dictadas.
Los últimos expresidentes, como Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo, enfrentan o han enfrentado procesos por diversos actos de corrupción. La propia Fujimori, aunque su caso fue archivado, también tuvo acusaciones de lavado de activos y cumplió prisión preventiva.
Ante este panorama, el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valivia enfatiza la necesidad de una respuesta transversal para erradicar la corrupción. Entre las medidas propuestas se encuentran la independencia judicial y la transparencia en las acciones gubernamentales.
La minería ilegal, que mueve más de 12 mil millones de dólares anuales en Perú, es otro foco de corrupción y violencia, estrechamente ligada al sicariato, la extorsión y la trata de personas. Además, esta actividad impacta negativamente el medio ambiente, causando deforestación y contaminación de ríos.
El nuevo gobierno enfrenta el desafío de la pobreza extendida, que afecta al 25,7% de la población, y una extrema pobreza que alcanza al 5%. A esto se suma la amenaza de un fenómeno climático que podría complicar los esfuerzos económicos del país, afectando sectores clave como la pesca y la agricultura, y exacerbando la inflación.
El panorama político es igualmente complejo, con un parlamento fragmentado y la necesidad de la nueva presidenta de Enrique Castillo de ganarse la confianza de la mitad del país que no la votó. Analistas advierten que su mayor desafío será demostrar voluntad de romper con el pasado y evitar caer en las prácticas que han caracterizado al fujimorismo, para no enfrentar una oposición férrea tanto en el Congreso como en las calles.