Se debate sobre las implicaciones políticas y económicas de Fátima Flores asumiendo un rol como primera dama junto a Javier Milei.
Se plantea la cuestión de quién pagará los costos de seguridad y despliegue estatal que esto conlleva, sugiriendo que sería el Estado, es decir, los contribuyentes.
Se compara la situación con la de Adorni, indicando que los recursos destinados a seguridad podrían ser reasignados.
Se discute la necesidad de asignar recursos de seguridad y seguimiento para Fátima Flores, generando debate sobre la prioridad y el origen de los fondos.