Se critica la falta de acción preventiva por parte de funcionarios judiciales y políticos en barrios vulnerables para detectar y abordar situaciones de riesgo en niños. Se señala que, a pesar de existir mecanismos, no se implementan de manera efectiva.
Se menciona que Javier Vicente, secretario de desarrollo de la comunidad de Villa Gesell, informó sobre la protección del niño de cuatro años, hermano de la beba fallecida, pero se enfatiza la necesidad de un trabajo de prevención más activo, con visitas domiciliarias y un seguimiento real de las condiciones de los menores.
Se argumenta que la falta de intervención y la ausencia de un entrecruzamiento de datos entre el sistema de salud y la justicia han permitido que situaciones de vulneración de derechos de menores avancen sin control, como en el caso de Lucía Sosa, donde antecedentes graves no fueron debidamente comunicados entre diferentes jurisdicciones.