Se reconoce que el gobierno de Javier Milei reforzó partidas en áreas como ayuda social y tarjeta alimentaria, posiblemente para evitar una explosión social ante la recesión autoinfligida y la pulverización del salario. Sin embargo, se critica la desregulación de trámites, argumentando que resuelve "pavadas" mientras se benefician los sectores más poderosos.
Se cuestiona la estrategia del gobierno, que parece enfocarse en ayudar a los "poderosos y exitosos" mientras los "fracasados" quedan rezagados. Se señala que el Estado, en lugar de cuidar a las personas, cuida la propiedad privada, y que las exenciones fiscales no se otorgan a cambio de beneficios sociales concretos, sino que benefician a quienes ya tienen poder económico.