En La Plata, los conductores de aplicaciones denuncian ser objeto de constantes controles policiales y secuestros de sus vehículos, al no estar su actividad reconocida formalmente.
La falta de regulación convierte a las aplicaciones en un área gris, donde los conductores son considerados "ilegales" y sufren la persecución de las autoridades.
Los trabajadores exigen reglas claras y un reconocimiento de su labor, a pesar de la burocracia y la falta de voluntad política para abordar la problemática.
Se busca elevar la discusión a nivel provincial y nacional para lograr un marco legal que proteja sus derechos laborales y garantice una rentabilidad mínima, pero la resistencia de las empresas y la falta de compromiso gubernamental dificultan el avance.