Cuatro jornaleros agrícolas extranjeros fueron asesinados y quemados vivos en el sur de Italia, presuntamente por redes de crimen organizado que los explotaban laboralmente.
Los trabajadores, provenientes de Pakistán, Afganistán, Bangladesh y África, eran sometidos a condiciones de semiesclavitud, con salarios ínfimos y cobros excesivos por alojamiento y transporte. Los "caporalis", reclutadores ilegales, se aprovechan de la necesidad de los inmigrantes y de la reticencia de los italianos a alquilarles viviendas.
La Fiscalía de Calabria investiga el caso, con indicios de la implicación de la mafia en la explotación de trabajadores agrícolas. Activistas sindicales luchan por mejorar las condiciones laborales y proteger a los jornaleros, muchos de los cuales llegan a Italia con visas regulares pero terminan en situaciones precarias.
Se estima que en Italia al menos 200.000 personas trabajan en condiciones de explotación similares a la esclavitud. A pesar de que la mayoría de las empresas cumplen las normas, existen redes criminales que se benefician de esta situación, como demuestran las investigaciones en curso.