Venezuela anunció su salida de la Corte Penal Internacional (CPI), comunicando a las Naciones Unidas que ya no reconoce su jurisdicción. El gobierno argumenta un trato parcial y sesgado en las investigaciones sobre presuntos delitos graves atribuidos a funcionarios del país.
La decisión, impulsada tras la aprobación legislativa de la derogación del Estatuto de Roma, se produce luego de disputas sobre el principio de complementariedad y el cierre de la oficina técnica de la CPI en Caracas. El Ejecutivo Nacional considera que el Tribunal ha sido instrumentalizado como una herramienta de persecución política y reafirma su rechazo a la intervención internacional.