Se cuestiona la capacidad del Estado para sostener la educación y salud pública ante la masiva afluencia de estudiantes extranjeros, evidenciada por aulas saturadas donde los alumnos deben sentarse en el piso. Se argumenta que si el Estado no tiene la capacidad, no puede ofrecer servicios gratuitamente.
Se critica la idea de que los inmigrantes deban ser gratuitos, sugiriendo que esto quita recursos a los ciudadanos argentinos. Se plantea que la solución no es cobrarles directamente, sino exigir responsabilidad a los presidentes de sus países de origen para que cubran los costos. La premisa es no ser "los boludos del continente".