Se reitera la percepción de una justicia con dos caras en Argentina: una para los ricos y otra para los pobres, ejemplificada en el caso de Leal.
Se cuestiona la validez de la prisión domiciliaria otorgada a Leal en un departamento de Palermo, donde la única garante es su pareja y no existe una garantía real (escritura o dinero en efectivo).
El fiscal Marijuán y el juez federal Sebastián Ramos habrían concordado con el pedido de la defensa de Leal, basándose en certificados médicos sobre insomnio y adicciones.