Cristina Fernández de Kirchner continúa reclamando la flexibilización de su arresto domiciliario, solicitando el cese de la tobillera electrónica y el fin de las restricciones de visitas. La exmandataria, condenada a seis años por la causa Vialidad, argumenta que las medidas son desproporcionadas y buscan restringir su actividad política, calificando el proceso como un "armado del partido judicial" para proscribirla.
A pesar de las advertencias del juez Rodrigo Jiménez Uriburu sobre la posibilidad de revocar el beneficio y enviar a Kirchner a una cárcel común, ella insiste en desafiar los límites impuestos. El fiscal Diego Luciani considera que la exmandataria solo debería estar en una cárcel común, pero el tribunal podría evitar esa medida dada su condición de expresidenta y víctima de un intento de homicidio. La Corte Suprema de Justicia ya se ha pronunciado sobre las condiciones de detención, y Kirchner agotará todas las instancias recursivas disponibles.