Tras el devastador terremoto en Venezuela, se cuestiona la calidad y legalidad de las construcciones en zonas de riesgo, como La Guaira.
Se señala que estructuras altísimas y complejos de viviendas sociales se edificaron sobre suelo arenoso, con antecedentes de deslaves y en zonas sísmicas. Esto plantea interrogantes sobre el respeto a normativas y protocolos de seguridad que debieron proteger la vida de los habitantes.
La falta de rendición de cuentas del gobierno venezolano agrava la situación, impidiendo una investigación transparente sobre las causas de la vulnerabilidad de estas construcciones ante un evento sísmico. La opacidad gubernamental dificulta la determinación de responsabilidades.