Se plantea la necesidad de regular la opinión en redes sociales, citando el ejemplo de China, donde se exige formación profesional para opinar sobre temas como finanzas o salud.
Esta medida busca evitar la difusión de información falsa o sin fundamento por parte de personas sin experiencia o credenciales en dichas áreas.
Se contrasta esta postura con la situación en Argentina, donde se permite la libre opinión en plataformas digitales sin restricciones, lo que puede derivar en la propagación de desinformación.