Economistas cercanos al FMI, que fueron apoyados por gobiernos anteriores y el actual, proponían una "separación de pilares" en el sistema jubilatorio. Esta teoría implicaba distinguir entre jubilados que aportaron y aquellos que no, incluyendo a los no contributivos.
La "separación de pilares" no aclaraba que quienes aportaron al SIPA no recibirían la totalidad de sus aportes jubilatorios. Esto afectaría a quienes ingresaron por este sistema, cobrando menos de lo esperado.
Actualmente, un jubilado gerencial podría cobrar solo el 30% de sus ingresos previos. La tasa de sustitución, que representa el porcentaje del salario que se reemplaza con la jubilación, se sitúa alrededor del 70%, pero la realidad para algunos es mucho menor.
Se critica la falta de una visión integral del sistema jubilatorio como un derecho laboral y salario diferido, conformándose con subsidios en lugar de reconocer los aportes como parte de los derechos adquiridos por los trabajadores.