El debate sobre la legalidad del trabajo sexual en Argentina se intensificó, abordando la complejidad de su regulación y el reclamo por derechos para las trabajadoras sexuales.
Se mencionó que el trabajo sexual en sí mismo no está regulado, pero existen leyes que apuntan a prevenir la trata de personas y la explotación sexual. La ley 26.364 prohíbe la captura y explotación sexual sin consentimiento, mientras que la ley 12.331 restringe los lugares donde se ejerce la prostitución, lo que algunos consideran una forma de coartar el trabajo sexual sin ilegalizarlo completamente.
Se hizo hincapié en la incongruencia de la situación legal actual, donde el trabajo sexual no está explícitamente ilegalizado, pero se aplican normativas (como los códigos contravencionales 96 y 97 en Capital Federal) que prohíben la difusión del trabajo sexual y la exhibición para ofrecerlo, resultando en multas o días de prisión.
Se argumentó que estas restricciones contravienen el derecho al trabajo (Artículo 14 de la Constitución Nacional) y el derecho a la intimidad (Artículo 19), especialmente para quienes eligen ejercer esta labor. Se destacó el proyecto de ley de la Asociación de Mujeres Meretricas de Argentina (AMAR) que busca abolir los artículos 96 y 97 y regular el trabajo sexual para garantizar políticas públicas, estudios de salud, prevenir la violencia institucional y asegurar derechos como jubilación y obra social.
Finalmente, se mencionó la importancia de la asistencia sexual para personas con discapacidad como un aspecto del bienestar y la salud, y se subrayó la necesidad de escuchar y debatir sobre las diversas perspectivas del trabajo sexual.