Se debate si se debe cobrar a los migrantes por el uso de recursos públicos como la universidad. Se argumenta que si bien los migrantes representan un pequeño porcentaje del estudiantado, el gobierno busca que paguen para obtener un beneficio económico, rompiendo con los principios de gratuidad y acceso irrestricto de la universidad pública.
Se compara la situación con otros países de Latinoamérica y se plantea que esta medida podría hacer la universidad inaccesible. Se enfatiza que los migrantes han contribuido a construir la nación y se cuestiona la moralidad de cobrarles por el ejercicio de un derecho, basándose en su nacionalidad.