El gobierno enfrenta una crisis de imagen por el caso Chiquitapia, que impacta negativamente en la percepción social más allá de las decisiones judiciales. La asociación del episodio con la AFA y la selección nacional genera rechazo.
A pesar de las dificultades económicas y la desaprobación general, el gobierno insiste en sus planes de privatización de clubes, chocando con la resistencia popular que defiende el club de barrio como un valor fundamental.